Según las primeras informaciones, la propuesta de recorte de la CE rebaja un 79{b40a39be368c63c38c0e7fbea86f4f2ebac542cd82322d8e4a824a68b2b7dc7d} los días de faena de los arrastreros (hasta 27 o 28 jornadas). La Federación Andaluza de Cofradías de Pescadores (Facope) ya ha manifestado su descontento ante estos recortes, alegando que ya en cuatro años sus días de faenar han visto reducidas sus jornadas un 40{b40a39be368c63c38c0e7fbea86f4f2ebac542cd82322d8e4a824a68b2b7dc7d}, pasando de 230 días promedio a 130.
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El Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación informa en su comunicado que el acuerdo propone medidas compensatorias para recuperar esos días de trabajo a través del cambio de tamaño de malla, la aplicación de vedas temporales o la implantación de puertas voladoras en los barcos. «Un esfuerzo económico extraordinario al que algunas empresas no van a sobrevivir», ha resumido Garat. Preguntado acerca de si la Comisión ha adelantado algún tipo de ayuda que compense este desembolso, el portavoz explica que el organismo se ha comprometido a analizar la situación, aunque finalmente el reparto de ayudas dependerá de las Comunidades Autónomas, según les ha transmitido el ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis Planas.
«Es imprescindible un cambio de rumbo radical de la política pesquera y ambiental, porque está en riesgo el sector primario en la UE», recalca Garat antes de añadir que «se han obsesionado tanto en las cuestiones medioambientales que se han olvidado del capital humano y de las empresas».
Una perspectiva que comparte Domingo Bonnin, presidente de la Federación de Cofradías de Baleares: «La Unión Europea se está equivocando, y está destruyendo el sector primario». Por ello, desde la Federación reclaman una serie de cláusulas espejo que sean aplicable a los productos obtenidos tanto de forma intracomunitaria como extracomunitaria; es decir, que se apliquen las mismas normativas y exigencias al producto procedente de países como Argelia, que a los obtenidos en la costa española. Para justificar esta demanda, el portavoz denuncia condiciones de competencia desleal, y alega que la cuestión no es bajar los estándares, sino aplicarlos de forma homogénea. Ante estas diferencias de normativas entre regiones Bonnin añade que desde el sector «nos sentimos utilizados, como si fuéramos cromos».
